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sábado, 29 de octubre de 2011

Tijeretazo en los Centros de Salud

Ya se había denunciado la intención del Distrito de Atención Primaria de Sevilla. Querían meter tijera en el servicio de Seguridad y la han metido, y bien metida.
A principios de Verano tenían previsto una reducción del número de vigilantes y del número de horas que se realizan en los Centros de Salud del Distrito Sevilla, Los vigilantes se unieron y denunciaron el hecho. La administración dio un paso atrás. No reducirían, incluso dijeron que no había fundamento en el hecho que relatamos; A partir del día uno de noviembre la nueva operativa reduce los puestos de trabajo, solo en el Centro de Salud de Torreblanca se recortan más de 400 horas mensuales, o lo que es lo mismo casi tres puestos de trabajo.
En un momento donde las agresiones a los facultativos va en aumento, donde los sindicatos médicos y los sindicatos del sector de la seguridad hemos pedido un aumento de la presencia física de vigilantes, la Administración en un acto de irresponsabilidad hace todo lo contrario, dejando en indefensión tanto al personal médico-administrativo como a los propios vigilantes de seguridad.
Señores políticos, todos estamos sufriendo, en estos momentos de crisis, la necesidad de ajustar nuestros gastos. Es fácil recortar en servicios externos a la administración, como es la seguridad o en otros casos la limpieza, pero antes de hacerlo deben reflexionar donde lo están haciendo. Los Centros de Salud de Sevilla donde hay presencia de seguridad física son solo los centros conflictivos, aquellos que atienden barriadas como Las Tres Mil Viviendas, Letanías, Los Pajaritos, Torreblanca, etc. No son centros donde el vigilante esté para abrir y cerrar la puerta, son centros donde a diario tienen que mediar entre usuarios y funcionarios, donde en muchas ocasiones la violencia hace acto de presencia.

La doctrina de recientes sentencias del Tribunal Supremo establece con claridad que la violencia externa que sufren los trabajadores con motivo de su actividad laboral implica un riesgo laboral y, en consecuencia, la responsabilidad del empresario en la prevención de la violencia física ejercida contra sus trabajadores en el lugar de trabajo.

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